MÁS GASTO SOCIAL Y MENOS GASTO MILITAR: UN NUEVO CUARTEL NO ES NECESARIO

El colectivo Bake-Ekintza Antimilitarista manifiesta su rechazo a la construcción de un nuevo cuartel en los terrenos de la Hípica en Loiola.

Durante los últimos años nos hemos manifestado varias veces reivindicando que la solución al bloqueo que sufría el desarrollo de la ciudad en los terrenos del actual cuartel no podía limitarse a la dicotomía de tener que elegir entre un histórico acuartelamiento o un nuevo emplazamiento: reducir el gasto militar es el verdadero reto que afronta una sociedad que quiera evolucionar en la profundización de los derechos humanos, y en ese camino no se necesitan más instalaciones militares.

Criticamos el veto militar que hasta ahora ha impedido que en la vega del Urumea las y los donostiarras hayan podido gozar de equipamientos culturales, sociales y deportivos. Hicieron “oídos sordos” tanto a la reivindicación social que mediante la campaña de la insumisión logró el fin de la “Mili” como a las demandas de 3 alcaldes de 3 partidos diferentes en las últimas décadas, pero ese veto se ha deshecho como un azucarillo por una negociación presupuestaria. El Ministerio de Defensa rechazó durante años todas las alternativas de reubicación, y durante horas nos permitió soñar con una Donsia sin cuarteles militares, pero la “solución” de la Hípica supone un baño de realidad que nos debe hacer reflexionar sobre el poder real y la injerencia del ejercito en la sociedad, y la necesidad de movilizarnos para exigir una verdadera desmilitarización social.

En este caso, desplazar el cuartel 500 metros al otro lado del río conllevará un mayor e innecesario gasto militar, un despilfarro agravado en el contexto de la pandemia por el COVID19, donde se ha demostrado que la verdadera seguridad que necesitamos no la ofrecen los ejércitos, sino unos bien preparados y reforzados recursos en los ámbitos de la salud, los servicios sociales, la educación… etc. Los recortes y la debilidad estructural que hemos vivido hubieran sido muy diferentes si no se destinaran tantos recursos para la guerra, y tanto el proyecto de nuevo cuartel como la propuesta de presupuestos estatales para el año 2021 son dos ejemplos de perseverar en las mismas premisas antisociales: en 2018, según las estimaciones del Ministerio de Defensa, la operación urbanística exigida por el Ministerio de Defensa para liberar los cuarteles de Loiola y trasladarlos al entorno de Zubieta tendría un coste de 93,4 millones de euros (para hacernos una idea, la edificación por Osakidetza en 2016 de un hospital de 260 camas tuvo un coste de 60 millones de euros y su equipamiento 18 millones más.), y ahora en 2020 se concreta que el precio de compra dependerá “de los aprovechamientos que proporcione la parcela”. ¿Cuánto costará al Ayuntamiento la compra de los actuales terrenos? ¿Deberá el municipio invertir más dinero en la construcción del nuevo cuartel? No sería justo que todo el diseño urbanístico esté condicionado a satisfacer las condiciones económicas impuestas por el Ejército. Por todo ello, exigimos una auditoría pública sobre este “pelotazo” urbanístico, que no se hubiera alargado en el tiempo y desarrollado en las mismas condiciones si los terrenos pertenecieran al Ministerio de Agricultura o al de Sanidad.

El disparate económico de Loiola no es un caso aislado: según cálculos del Centre Delàs, en la propuesta de presupuestos del Estado para el año 2021 la partida del Ministerio de Defensa aumentaría un 6,3% respecto a 2020, el gasto militar total sumando otras partidas ajenas al Ministerio de Defensa llegaría a 21.618 millones de euros (incluyendo por ejemplo el gasto de la OTAN, los programas especiales de armamento…); esto es, el 1,8% del PIB, 456 euros por habitante para cuestiones militares.

El culebrón del cuartel de Loiola no puede cerrarse en falso. No es necesario un nuevo cuartel para realojar a los militares, lo verdaderamente necesario es una nueva política de seguridad humana y no militar que invierta en el bienestar de la ciudadanía, que conlleve el cierre de todos y cada uno de los cuarteles y la conversión de la industria militar, así como que el gasto militar se destine al gasto social. Con los mismos argumentos pedimos la reversión a titularidad municipal respectivamente de Lezo y Donostia de los espacios naturales de Jaizkibel y LoreToki, hoy en día destinados a usos militares. Es necesaria la movilización social para alcanzar todos esos logros sociales.